El 23 de mayo, en Venezuela, las redes sociales referían el traslado
sorpresivo del ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, al centro
penitenciario 26 de julio ubicado en San Juan de los Morros, estado Guárico.
Ceballos llevaba un año, dos meses y cuatro días en el Centro Nacional de
Procesados Militares ubicado en Ramo Verde, estado Miranda, por los delitos de
rebelión y agavillamiento.
El centro penitenciario 26 de julio fue inaugurado el 27 de
febrero de 2015 por la ministra de asuntos penitenciarios, Iris Varela, y debe su nombre a la fecha en la que se conformó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios
en 2011.
De acuerdo con la información publicada el día de la
inauguración por medios oficiales,
el centro de reclusión abarca 17.535
metros cuadrados de construcción, sobre los 47.536 metros cuadrados de terreno.
Fue construido para 1.960 internos y
entre las “bondades” destacadas por medios oficiales se encuentran un tanque de
almacenamiento de agua con capacidad de 50.000 litros, con un sistema de bombeo
que aseguraría el suministro de agua, ocho garitas de seguridad y un muro de
450 metros lineales y 6 metros de alto. Allí se invirtieron aproximadamente 307
millones de bolívares y aunque el día de
la inauguración sólo albergaba a 250 reclusos tipo II (sentenciados), hoy la
realidad es otra.
En declaraciones ofrecidas al equipo de www.vivoplay.net la mañana del 23 de mayo,
familiares de los reos afirmaron que en el centro de reclusión no se garantizan
los derechos humanos de los más de 700 reclusos que allí permanecen. El sistema
de bombeo que aseguraría el suministro
de agua del tanque de 50 mil litros dejó de funcionar y ahora sólo cuentan con
agua dos veces por día. El agua que utilizan para bañarse es la misma que
beben. No permiten el ingreso de menores
de edad y los familiares – al igual que los reos- deben ingresar con una suerte
de “uniforme” compuesto por camisas o franelas blancas, jeans y sandalias o
cholas para facilitar la requisa por parte de los custodios que, a diferencia
de otros penales, no son funcionarios de la Guardia Nacional sino del
Ministerio Público.
Gilber Caro, activista de redes penitenciarias de Voluntad
Popular, aseguró que el centro de reclusión está compuesto por antiguos
galpones de un supermercado que fueron expropiados por el gobierno central, por
lo tanto, no es apto para la reinserción progresiva de quienes han cometido algún
delito y tampoco se garantizan los derechos humanos de quienes allí cumplen
condena. De hecho, el 18 de mayo, el diario La Voz dio cuenta de la suspensión del traslado de 52 detenidos por condiciones
de hacinamiento en el centro penitenciario 26 de julio.
¿Cómo
se explica que en un centro de reclusión construido para 1.960 personas e inaugurado
hace 3 meses con 250 reos, ya exista hacinamiento? ¿El nuevo régimen
penitenciario y el Plan Cayapa no han dado resultados?
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